El presidente Donald Trump ha construido su presidencia sobre la base de ampliar los límites de la autoridad presidencial, y su respuesta a las protestas por la represión migratoria en Los Ángeles no es la excepción.
Invocó una ley poco utilizada para federalizar la Guardia Nacional a pesar de la objeción del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, y de las autoridades locales, quienes se oponían a la incorporación de las fuerzas armadas. Trump puede tener la autoridad para tomar el control de la Guardia Nacional, pero la medida pone de relieve la estructura de mando dual de las unidades de la Guardia Nacional, que normalmente son desplegadas por el gobernador de cada estado.
¿Insurrección? ¿Rebelión?
La ley citada por la Casa Blanca para tomar el control de la Guardia Nacional cita tres razones para tomar esta medida extraordinaria:
- Estados Unidos, o cualquiera de las mancomunidades o posesiones, es invadido o está en peligro de ser invadido por una nación extranjera;
- Existe una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de Estados Unidos;
- El presidente no puede, con las fuerzas regulares, ejecutar las leyes de Estados Unidos.
“Me suena a las tres”, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al ser preguntado, durante su testimonio ante el Congreso, sobre la razón que citaba la Casa Blanca.
Por lo tanto, para la Casa Blanca, las protestas iniciadas por las redadas de deportación en centros de trabajo y Home Depot equivalen a invasión, rebelión y a algo que el Gobierno estadounidense no cree que pueda manejar sin las fuerzas armadas.
Esto dista mucho del primer mandato de Trump, cuando su secretario de Defensa, Mark Esper, declaró: “La opción de utilizar fuerzas en servicio activo en funciones policiales solo debe utilizarse como último recurso y únicamente en las situaciones más urgentes y graves”, cuando el Gobierno consideró recurrir a las fuerzas armadas para abordar las protestas generalizadas relacionadas con la muerte de George Floyd en Minneapolis en 2020.
La ley también exige que las órdenes se envíen a través de los gobernadores estatales, pero en lugar de cooperar, Newsom se ha quejado de que la Casa Blanca se ha extralimitado ilegalmente en su autoridad y ha desplegado tropas en las calles sin planes adecuados para alimentarlas o alojarlas.
Las milicias modernas suelen reportar a los gobernadores estatales
La Guardia Nacional –la versión moderna de una milicia estatal– tiene orígenes anteriores a la fundación del país. Una serie de leyes promulgadas a principios del siglo XX otorgaron al presidente y al Gobierno federal mayor poder para estandarizar la Guardia Nacional, pero se supone que sigue siendo principalmente una fuerza estatal.
“Existe tensión”, dijo el exrepresentante Adam Kinzinger, comentarista político de CNN que también sirvió en la Guardia Nacional Aérea de Illinois. “¿Cómo puede la Guardia Nacional ser una milicia si el presidente, en contra de la voluntad del gobernador, puede activarla contra su propio estado?”
A menos que Trump finalmente invoque la Ley de Insurrección, dijo Kinzinger, el uso de la Guardia Nacional debe limitarse a funciones como la protección de edificios federales.
La Ley de Insurrección es una ley poco utilizada, aprobada en 1807 y actualizada durante la Reconstrucción, que dicta las situaciones extremas en las que se pueden utilizar tropas estadounidenses en las calles estadounidenses. Trump no citó la Ley de Insurrección cuando federalizó la Guardia Nacional de California.
Hegseth dijo que las fuerzas armadas –Trump también convocó a la Infantería de Marina de Twentynine Palms, California– están obligadas a proteger a los agentes del ICE que realizan su trabajo en las calles de Los Ángeles.
La movilización de las fuerzas armadas para actuar en ciudades estadounidenses no es un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos.
El presidente Dwight Eisenhower convocó a la 101.ª División Aerotransportada para proteger a los estudiantes negros en Little Rock, Arkansas, durante la integración de las escuelas públicas en 1957.
El ejemplo más reciente de despliegue de la Guardia Nacional en un estado, sin tener en cuenta la autoridad de su gobernador, fue en 1965, durante el Movimiento por los Derechos Civiles, cuando el presidente Lyndon B. Johnson invocó la Ley de Insurrección para desplegar la Guardia Nacional y proteger a los manifestantes liderados por el reverendo Martin Luther King Jr. en Alabama.
El caso más reciente de la Ley de Insurrección para desplegar la Guardia Nacional se produjo a principios de la década de 1990, cuando el gobernador de California, Pete Wilson, solicitó ayuda al Gobierno federal para responder a los disturbios tras la absolución de cuatro agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles en la terrible paliza a Rodney King. Estos disturbios fueron generalizados y mortales, en contraste con los escasos enfrentamientos ocurridos en Los Ángeles esta semana.
Cada uno de esos casos involucró la Ley de Insurrección, una ley aprobada en 1807.
Si bien Trump ha llamado a los manifestantes y alborotadores “insurrectos”, técnicamente no ha invocado la Ley de Insurrección.
Se puede debatir legítimamente si las protestas de Los Ángeles justifican la federalización de la Guardia Nacional, pero Trump no citó ninguna ley al otorgarle a Hegseth la autoridad para movilizar militares regulares para ayudar en la respuesta.
Se movilizaron aproximadamente 700 soldados de la Infantería de Marina.
Trump está listo para que los militares desempeñen un papel más importante
Lo qué puede ser alarmante sobre la orden de Trump, según Elizabeth Goitein, experta en poderes presidenciales de emergencia del Centro Brennan para la Justicia, es que no mencionó específicamente a Los Ángeles, lo que significa que, en esencia, podría haber autorizado el uso de las fuerzas armadas en todo el país para protestar contra las acciones del ICE que aún no se han llevado a cabo.
“La actividad del ICE está ocurriendo en todo el país y probablemente generará protestas en muchos lugares”, escribió Goitein en un hilo detallado en redes sociales. “Trump está autorizando el despliegue militar en todo el país, independientemente de si las protestas implican violencia *o si ya se están llevando a cabo*”.
Eso significa que los estadounidenses deben estar preparados para la posibilidad de más despliegues en todo el país, algo que contradice la tradición estadounidense de separar la fuerza militar de la fuerza policial.
¿Es una medida necesaria?
Enviar tropas e infantes de Marina a Los Ángeles era necesario, según el representante Zach Nunn, congresista republicano por Iowa y miembro de la Guardia Nacional de su estado.
“Tenemos una ciudad santuario en Los Ángeles que se niega a apoyar a las fuerzas del orden federales. Tenemos policías que se desangran en las calles”, declaró a Kasie Hunt de CNN, en referencia a los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes.
Trump dijo que más militares podrían estar en camino. “Tenemos que asegurarnos de que haya ley y orden”, declaró el presidente a los periodistas en la Casa Blanca el lunes.
Los militares de Estados Unidos no suelen apuntar a los estadounidenses
Incluso si la Infantería de Marina no participa directamente en la vigilancia policial ni interactúa con los manifestantes, su presencia desafía lo que ha sido normal en Estados Unidos.
“Un Ejército replegado sobre sí mismo puede convertirse rápidamente en un instrumento de tiranía”, escribió Goitein en su hilo. “Por eso, el despliegue nacional debería ser el último recurso”.
California está demandando al Gobierno federal por extralimitarse en su autoridad, y Newsom invitó a Trump a arrestarlo, una idea que el presidente aceptó al responder preguntas de los periodistas en la Casa Blanca, pero que sería inédita desde la Guerra Civil.
Ley Posse Comitatus vs. Ley de Insurrección
Después de que algunos partidarios de Trump argumentaran que debería haber invocado la Ley de Insurrección para retrasar la certificación de las elecciones de 2020, Goitein fue uno de los muchos académicos que argumentaron que las leyes relativas al uso extremo del poder presidencial debían actualizarse y aclararse.
Existe una ley, la Ley Posse Comitatus, que prohíbe en gran medida el uso de las fuerzas armadas dentro de Estados Unidos.
Pero también existe la Ley de Insurrección, que no ha cambiado mucho desde la década de 1870, cuando fue utilizada por el presidente Ulysses S. Grant en un intento de sofocar al Ku Klux Klan en sus inicios.
Fue entonces cuando el Congreso modificó la Ley de Insurrección para otorgar mayor autoridad a los presidentes. Sin embargo, no definió el término “insurrección” ni estableció cómo se debía limitar el poder presidencial. Grant llegó incluso a suspender el recurso de habeas corpus, el principio legal por el cual las personas no pueden ser encarceladas sin juicio ni comparecencia ante un tribunal.
Las fuerzas del orden deberían ser capaces de gestionar esto
Los críticos de la istración Trump argumentan que sus acciones para militarizar la situación en Los Ángeles pretenden ser una especie de teatro, pero que están empeorando la situación.
“Contamos con agencias policiales nacionales capaces de gestionar estos problemas en casi cualquier circunstancia”, declaró Kori Schake, investigadora principal del American Enterprise Institute, en una entrevista con CNN el lunes.
“El estándar para invocar la Ley de Insurrección ha sido históricamente muy estricto, y sería una señal ominosa que la istración Trump la invocara en estas circunstancias”, declaró Schake.