Mientras la Universidad de Harvard, firmas de abogados de élite y supuestos enemigos políticos del presidente Donald Trump luchan contra sus intentos de usar el poder del Gobierno para castigarlos, están ganando gracias, en parte, a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).
En mayo del año pasado, la Corte Suprema falló por unanimidad a favor del grupo defensor de las armas en un caso de la Primera Enmienda relacionado con supuestos esfuerzos de una funcionaria de Nueva York para presionar a compañías de seguros del estado a cortar lazos con la organización tras el mortal tiroteo escolar de Parkland, Florida, en 2018.
Un funcionario del Gobierno “no puede (…) usar el poder del Estado para castigar o reprimir expresiones desfavorecidas”, escribió la jueza liberal Sonia Sotomayor en nombre de los nueve magistrados.
Un año después, la decisión del tribunal en el caso de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos vs. Vullo ha sido citada repetidamente por jueces federales en fallos que anulan una serie de decretos dirigidos a bufetes de abogados. Abogados que representan a Harvard, profesores de la Universidad de Columbia y otros también se apoyan en la decisión en casos que impugnan los ataques de Trump en su contra.
“Ir a la corte con una decisión recién emitida, que refleja claramente la opinión unánime de los jueces actuales de la Corte Suprema, es una herramienta muy poderosa”, dijo Eugene Volokh, un conservador experto en la Primera Enmienda que representó a la NRA en el caso de 2024.
Para los defensores de la libertad de expresión, la aplicación de la decisión sobre la NRA en casos que resisten la campaña de represalias de Trump es una señal positiva de que los tribunales inferiores están aplicando los principios clave de la Primera Enmienda de manera equitativa, especialmente en disputas políticamente delicadas.
En el caso de la NRA, el grupo alegó que Maria Vullo, exsuperintendente del Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York, amenazó con acciones legales a las aseguradoras si no cumplían con sus demandas de ayudar en la campaña contra los grupos a favor de las armas. Las acusaciones de la NRA se centraron en una reunión de 2018 en la que, de acuerdo con el grupo, Vullo ofreció no procesar otras violaciones siempre que la empresa ayudara en su campaña.
“La gran esperanza de una aplicación de principios de la Primera Enmienda es que proteja a todos”, dijo Alex Abdo, director de litigios del Knight First Amendment Institute.
“Algunos han criticado a los defensores de la libertad de expresión por ser ingenuos al esperar que así sea, pero ojalá sea lo que estamos viendo ahora”, añadió. “Estamos viendo que los tribunales aplican ese principio en contextos políticos muy diferentes a los del caso de la NRA”.
Jueces fallan a favor de firmas de abogados en disputa por decretos
El impacto de Vullo se ve con mayor claridad en los casos que desafían los intentos de Trump de usar el poder Ejecutivo para vengarse de firmas de abogados que han empleado a sus enemigos políticos o representado a clientes que han desafiado sus iniciativas.
Un pilar central de la cruzada de represalias de Trump ha sido presionar a las firmas para que se sometan a su voluntad política, incluso mediante decretos dirigidas a cuatro grandes firmas: Perkins Coie, Jenner & Block, WilmerHale y Susman Godfrey. Entre otras cosas, los decretos negaban a los abogados de estas firmas el a edificios federales, tomaban represalias contra sus clientes con contratos gubernamentales y suspendían las autorizaciones de seguridad de los abogados. (Otras firmas también fueron afectados por decretos similares, pero no han demandado a Trump por ellos).
Las organizaciones demandaron individualmente al Gobierno por las órdenes y los tres jueces a cargo de los casos de Perkins Coie, WilmerHale y Jenner & Block han emitido fallos bloqueando permanentemente la aplicación de los edictos. (El caso de Susman sigue pendiente).
En más de 200 páginas de fallos, los jueces —todos en el tribunal federal de primera instancia en Washington— citaron el caso Vullo 30 veces para concluir que los decretos eran inconstitucionales porque buscaban castigar a las firmas por su trabajo legal.
Todos los jueces citaron la frase de Sotomayor sobre el uso del “poder del Estado para castigar o suprimir la expresión desfavorecida”, y también recurrieron a otros pasajes de su opinión para reforzar sus decisiones.
Dos de ellos —los jueces federales Beryl Howell (designada por Barack Obama) y Richard Leon (designado por George W. Bush)— incorporaron la afirmación de Sotomayor de que la discriminación gubernamental basada en el punto de vista del orador “es especialmente dañina para una sociedad libre y democrática”.
El tercer juez, John Bates, afirmó que Vullo y un caso anterior de la Corte Suprema sobre coerción gubernamental inisible “regulan y derrotan” los argumentos de la istración en defensa de una sección de la orden de Jenner & Block que buscaba poner fin a todas las relaciones contractuales que podrían haber permitido que el dinero de los contribuyentes fluyera a la firma.
“El Decreto 14246 hace precisamente lo que la Corte Suprema dijo el año pasado que está prohibido: recurre a la ‘coerción contra un tercero para lograr la supresión de un discurso desfavorecido’”, escribió Bates, también designado por Bush, en su fallo del 23 de mayo.
Por su parte, el Departamento de Justicia ha intentado distinguir entre lo que ordenaban los decretos y la conducta rechazada por la Corte en Vullo. Argumentaron ante los jueces que los decretos en cuestión no tenían el “poder” exhibido en Vullo por la funcionaria de Nueva York.
Will Creeley, director legal de la Foundation for Individual Rights in Education, dijo que los fallos subrayan cómo “Vullo ha demostrado su utilidad casi de inmediato”.
“Es extremadamente útil recordar a jueces y funcionarios que, apenas el año pasado, la Corte advirtió contra el tipo de extorsiones y presiones que ahora estamos viendo de la istración”, aseguró.
Los abogados del Departamento de Justicia aún no han apelado ninguno de los tres fallos emitidos el mes pasado. CNN ha solicitado comentarios al departamento.
Un caso “hecho a la medida” para los adversarios de Trump
En casos separados presentados en el tribunal de Washington y en otros lugares, los adversarios de Trump han recurrido a Vullo al pedir a los jueces que intervengan en disputas de alto perfil con el presidente.
Entre ellos está Mark Zaid, un destacado abogado de seguridad nacional que ha provocado la ira de Trump por representar a denunciantes. A principios de este año, Trump le retiró la autorización de seguridad, una decisión que, según el abogado en una demanda, socava su capacidad para “defender con celo a sus clientes en el ámbito de la seguridad nacional”.
En documentos judiciales, los abogados de Zaid argumentaron que la decisión del presidente fue una “directiva de represalia”, citando el lenguaje de Vullo para sostener que la medida violó sus derechos de la Primera Enmienda.
“‘Los funcionarios del Gobierno no pueden intentar coaccionar a partes privadas para castigar o suprimir opiniones que el Gobierno no favorece’”, escribieron, citando el fallo de 2024. “Y eso es exactamente lo que hacen los demandados aquí”.
Timothy Zick, profesor de derecho constitucional en William & Mary Law School, dijo que los decretos dirigidos a entidades o individuos privados “han dependido en gran medida de la presión, la intimidación y la amenaza de acciones adversas para castigar o suprimir opiniones y desalentar a otros de relacionarse con los objetivos regulados”.
“El fallo unánime en Vullo está hecho a la medida para los litigantes que buscan frenar la estrategia coercitiva de la istración”, añadió Zick.
Esa idea no pasó desapercibida para los abogados de Harvard y profesores de Columbia en varios casos que desafían los ataques de Trump a las universidades de élite, incluido uno presentado por Harvard contra los intentos de Trump de prohibir que la universidad reciba estudiantes internacionales. Un juez federal ha frenado esos esfuerzos por ahora.
En otro caso presentado por Harvard por la decisión del Gobierno de congelar miles de millones de dólares en fondos federales para la universidad más antigua del país, los abogados de la escuela dijeron el lunes a un juez que la decisión de Trump de atacarla por “supuesto antisemitismo y sesgo ideológico en Harvard” claramente violaba el fallo de la Corte Suprema del año pasado.
“Aunque cualquier represalia gubernamental basada en discurso protegido es una afrenta a la Primera Enmienda, la represalia aquí fue especialmente inconstitucional porque se basó en las ‘opiniones particulares’ de Harvard: el equilibrio de opiniones en su campus y su negativa a ceder ante las demandas ilegales del Gobierno”, escribieron los abogados.