Daniel Arroyo, diputado de Unión por la Patria habló este sábado con CNN Radio sobre el proyecto de ley de emergencia en discapacidad,
En de Ida y Vuelta con Laura Di Marco indicó: “Tiene tres partes. Una parte hace referencia al nomenclador, a los prestadores, a qué pasa, a cuánto están accediendo los servicios básicos a las personas con discapacidad.Una segunda parte a las pensiones, lo que estaba planteando recién. Y una tercera parte al tema del trato, básicamente del maltrato”, mencionó.
“En la primera, lo hago breve, en el caso de los prestadores y de los servicios a los que acceden las personas con discapacidad, el nomenclador está totalmente desfasado.Una persona que trabaja en un taller protegido, que va todos los días a trabajar cuatro horas a una herrería o una carpintería, cobra 28.000 pesos por mes, no por día, por mes. Un transportista, una persona que transporta personas con discapacidad, cobra 541 pesos el kilómetro, como el litro de nafta, hasta 1.300 pesos, en vez de llevarlo los cinco días que requiere el tratamiento, lo lleva a dos. La asistente, normalmente, un alumno con discapacidad es de una escuela común.Tiene una acompañante, una asistente, que son mujeres, son personas que cobran, igual que los terapistas, a 180 días, 3.000 pesos la hora”, sostuvo.
En esta línea agregó: “Los hogares están a punto de cerrar, literalmente. Yo estoy en los hogares con discapacidad todo el tiempo, y las ferias americanas rifan, no saben qué hacer. Tienen deudas con la AFIP. La AFIP dijo que los aguanta hasta el 30 de junio, y después vemos”, aseguró.
“Esta parte, la ley lo que dice es, tomemos el nomenclador de diciembre del 2023, ante el 120% de evaluación, vengamos a hoy por inflación, descontamos lo que sí, claramente, se ha aumentado, y a partir de ahí creemos un nuevo nomenclador”, señaló.
En charla con CNN Arroyo remarcó: “El objetivo es que, básicamente, el transportista cobra el litro de nafta, lo que sea de nafta, que el que trabaja pueda trabajar, que el hogar pueda sostenerse, que los terapistas puedan hacer su trabajo y la persona acceda a los medicamentos”, dijo.
“Está claro que hay que hacer una auditoría. El gobierno está haciendo una auditoría y eso está bien. Claramente hay que hacer una auditoría en el caso de las pensiones por discapacidad y si hay una persona que accede a una pensión o varias personas que acceden a una pensión que no le corresponde, hay que quitarle la pensión. Ahora, había una forma de hacer bien la auditoría y eso no se hizo. La forma de hacer bien la auditoría era ver los médicos que dieron muchas altas”, cerró.