“Voy a sellar la frontera y detener la invasión migrante de nuestro país. Vamos a llevar a cabo la mayor operación de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos”, prometió Donald Trump en campaña el 7 de septiembre de 2024.
Esas palabras se repitieron muchas veces en los últimos años. Y aún hoy, como presidente, sigue implicando que la mayoría (prácticamente todos) de los que entraron por la frontera son criminales. Son acusaciones sin evidencia.
Cuatro meses después de comenzar su segundo mandato, la frontera está en camino de contar con más agentes fronterizos y más centros de detención. El Gobierno tendrá más capacidad para deportaciones si los republicanos del Senado aprueban el megapaquete de reducción de gastos e impuestos que ya aprobó la Cámara de Representantes el pasado 22 de mayo.
Son miles de millones de dólares que van a complacer el deseo del presidente. Aquí hay algunos montos que reflejan su política migratoria:
El paquete destina US$ 8.000 millones para contratar más agentes de ICE, la Agencia de Aduanas y Control de Inmigración, según el proyecto de ley. La idea es contratar unos 2.500 agentes en el año fiscal 2025 y 1.875 nuevos agentes cada año por los próximos 4 años (es decir, de 2026 a 2029).
Actualmente ICE cuenta con aproximadamente 20.000 agentes, incluidos Investigadores (HSI, por sus siglas en inglés) y Agentes de Remoción (ERO).
La propuesta de megapaquete, llamado como “Big, Beautiful” por el Gobierno de Trump, también incluye US$ 858 millones para incentivos de contratación y retención de agentes, y US$ 600 millones para capacidades de reclutamiento y contratación.
La seguridad fronteriza tendrá US$ 60.000 millones, señala el análisis de la organización sin fines de lucro, incluyendo más agentes fronterizos y una importante infusión de tecnología, en medio de la cruzada de Trump por revertir la inmigración de los últimos años. De este total, US$ 46.500 millones serán para ampliar y modernizar el sistema de barreras fronterizas.
Investigaciones de menores
Los Departamentos de Salud y de Seguridad Nacional tendrán más dinero (casi US$ 100 millones) para constatar que los menores no acompañados no tengan afiliación con pandillas y grupos criminales. De esos, más de la mitad, US$ 50 millones, serán para obtener más información de quienes se registran como los responsables de los menores en EE.UU.
Organizaciones proinmigrantes están prendiendo las alarmas con el paquete en general: “El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ya clausuró la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles; el Defensor del Pueblo para Detenciones, que supervisaba la seguridad y las condiciones en la detención migratoria tanto para ICE como para la Patrulla Fronteriza (CBP); y el Defensor del Pueblo de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que facilitaba las políticas y la comunicación para las solicitudes y peticiones de beneficios para personas”, dice parte de un memo circulando entre algunas organizaciones, y que obtuvo CNN.
Deportaciones
Entre las nuevas partidas aprobadas por la Cámara, el Gobierno tendrá disponible US$ 100 millones de dólares para repatriación de menores que llegan solos de cualquier país. Hasta ahora, el gobierno estadounidense solo repatriaba a menores de México.
Esos US$ 100 millones serán para repatriar a sus países de origen a menores no acompañados considerados inisibles, sin miedo creíble a ser perseguidos o en riesgo de trata, según el National Immigration Forum.
Es parte de la respuesta de la mayoría Republicana a la meta de Trump de un millón de deportaciones al año. En un momento incluso habló de deportar de 2 a 3 millones. Pocos creen que existan tantos inmigrantes con antecedentes criminales en EE.UU.
“Creo que vamos a ver un aumento de deportaciones hacia finales del año y el año próximo, por la infusión de recursos que está por aprobar el congreso”, dice Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria en Washington. “Eso, junto con mayor a bases de datos para identificar a personas que carecen de documentos, le va a dar al gobierno mucha más capacidad para deportaciones”.
Selee, sin embargo, duda que el Gobierno alcance un millón de deportaciones por año. “Va a ser un incremento notable, pero sin llegar a la gran mayoría de inmigrantes indocumentados en el país”, apunta.
Por eso hay escepticismo entre activistas y organizaciones no gubernamentales que trabajan con inmigrantes, de que el dinero asignado para ampliar los centros de detención sea dinero bien utilizado. Se trata de unos US$ 45.000 millones para aumentar y construir centros para adultos y para familias.
Ese presupuesto se utilizaría “para alojar a más de 100.000 personas en un día determinado en centros de detención, con autoridad para detener a unidades familiares a la espera de sus decisiones de expulsión”, indica el National Immigration Forum en su análisis.
Y la pregunta es qué tan necesario es. Un intento de ampliar Centro de Detención de Guantánamo con 30.000 camas —que ordenó Trump en un decreto— no se concretó. Su gobierno envió varios grupos de inmigrantes que acusó de tener antecedentes penales. De hecho, el gobierno no ha ofrecido evidencia de actividad criminal de los que deporta. Y los que llegaron a Guantánamo fueron deportados con relativa rapidez.
Acelerar deportaciones
Parte de la queja de Trump por el lento ritmo de deportaciones, es la lentitud que los procesos de inmigración en las cortes (es decir, el cumplimiento del debido proceso al que tiene derecho cualquier persona en EE.UU., independientemente de su situación migratoria).
En la actualidad hay casi 4 millones de casos esperando trámite en las cortes de inmigración. Pero irónicamente el Departamento de Justicia despidió jueces de inmigración a comienzos de año, en medio de los esfuerzos por reducir el tamaño del gobierno.
Ahora, el proyecto ordena aumentar el número de jueces de inmigración, para lo que destina unos US$ 1.300 millones de dólares, incluyendo expansión de capacidad de las cortes “Quieren jueces más afines a su agenda migratoria, que sean menos propensos a otorgar el asilo y otras medidas a favor de los migrantes”, dice Selee, advirtiendo que “el proceso de despedir y luego contratar a jueces también va a hacer crecer la cola inmensa que ya existe para una audiencia en una corte de inmigración y podría alargar los casos de asilo”.
Trump ha preferido buscar métodos para evitar los procesos en las cortes que retrasen su meta de deportaciones. En el proyecto del megapaquete, se incluyen US$ 720 millones para la aplicación selectiva de la ley de inmigración, entre ellos US$ 100 millones para la deportación acelerada de extranjeros con antecedentes penales, US$ 75 millones para procedimientos de expulsión acelerados, US$ 25 millones para la deportación de personas sin audiencias adicionales, según explica un análisis del National Immigration Forum.
El paquete por ahora sigue su trámite en el Congreso. Es el turno del Senado, donde ya un grupo de Republicanos advirtió que deberá sufrir cambios. El amplio paquete de recortes fiscales y de gastos añadiría US$ 2,4 billones al déficit durante la próxima década, según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso del proyecto de ley. El análisis también refuerza los ataques del multimillonario Elon Musk contra el paquete, que, según escribió el martes, llevaría a Estados Unidos a la bancarrota.
Pero los expertos no creen que las partidas relacionadas con inmigración vayan a sufrir ajustes drásticos.
Después de todo, Trump sigue registrando un importante apoyo entre el electorado, pese a que algunas movidas han causado críticas, aún dentro de quienes votaron a raíz de su promesa de controlar la inmigración.
Con información de Tami Luhby, de CNN.