La Cancillería de Colombia confirmó este martes que 11 de las personas detenidas la semana pasada en México por su presunta participación en una agresión armada a integrantes de la Guardia Nacional de ese país son exmilitares colombianos.
El ataque fue dado a conocer el 28 de mayo por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia de prensa diaria dijo que seis de la Guardia Nacional murieron por causa de un artefacto explosivo.
La noche de este martes, la Cancillería de Colombia informó en un comunicado que luego del ataque, ocurrido en los límites de los estados de Jalisco y Michoacán, las autoridades mexicanas detuvieron a 17 presuntos responsables de los hechos e informaron a Bogotá que 12 de ellos podrían ser originarios de Colombia.
Después de revisar las identidades de esas personas, expuso la Cancillería, su misión consular en México verificó que 11 de ellas en efecto son de nacionalidad colombiana y fueron parte de las Fuerzas Armadas del país.
CNN intenta saber si los implicados ya cuentan con representación legal.
La Cancillería de Colombia lamentó los hechos y expresó sus condolencias a las familias de los guardias nacionales mexicanos muertos. También dijo que dará a los colombianos detenidos la asistencia correspondiente para que cuenten con “las garantías legales, procesales y humanitarias a las que tienen derecho”.
“Hacemos un llamado para fortalecer las relaciones de cooperación judicial e investigativa entre los dos países, para hacerle frente a fenómenos delictivos que han extendido sus redes entre Colombia y México. Redes que involucran actividades (como) el narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes y un creciente fenómeno de cooptación de personal con formación militar para integrar estructuras criminales, sirviendo como mercenarios”, concluyó.
El ataque de finales de mayo no representa la primera ocasión en la que autoridades mexicanas señalan la presunta participación de extranjeros en agresiones contra fuerzas de seguridad mexicanas. En marzo, CNN reportó que el Gobierno de Michoacán tiene detectada la posible labor de ciudadanos de otros países en el asesoramiento a grupos delictivos para el uso de minas y de drones armados.